Continuando el tema de ayer. La cuestión de las formalidades de los decretos pontificios acerca de los cónclaves reconozco que se encuentra entre dos polos.
El primer polo es otorgar mayor seguridad jurídica a través de las formalidades: tiene que haber un determinado tipo de testigos que otorguen fe, tiene que aprobarse según un determinado protocolo que requiere verificación y tiempo. Esta segunda condición del “protocolo” de autentificación puede parecer mero formalismo, pero el tiempo que requiere la materialización del instrumento legal otorga un espacio para que el que sospeche algo pueda hacer averiguaciones o poner en alerta a otros.
El segundo polo es no obstaculizar la flexibilidad de la voluntad pontificia para que pueda adaptarse a todo tipo de situaciones imprevistas: huida del sumo pontífice en medio de una guerra, clandestinidad en una situación de persecución, etc.
Después de darle muchas vueltas, soy favorable a dar preeminencia a un desplazamiento hacia el primer polo. Pues el Derecho siempre puede incluir la salvedad de las imposibilidades evidentes (de carácter objetivo, no subjetivo) para llevar a cabo los actos con todas las formalidades.
Obstáculos objetivos en los que el sentido común acepta esa flexibilidad adaptativa. Una clausula bastaría para dejar claro que la voluntad inequívoca del sucesor de Pedro, ante testigos suficientes, baste para que un decreto entre en vigor. Aunque ese decreto, por ejemplo, sea respecto a las nuevas normas de convocación del futuro cónclave tras una guerra atómica.
Obstáculos objetivos en los que el sentido común acepta esa flexibilidad adaptativa. Una clausula bastaría para dejar claro que la voluntad inequívoca del sucesor de Pedro, ante testigos suficientes, baste para que un decreto entre en vigor. Aunque ese decreto, por ejemplo, sea respecto a las nuevas normas de convocación del futuro cónclave tras una guerra atómica.
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